La Patagonia Chilena hoy en el mundo representa una de las zonas más importantes de nuestro planeta, ya que posee características únicas en relación a sus ecosistemas, lo que la hace objeto de un gran interés de conservación, científico y turístico.
Los glaciares, montañas, ríos, lagos, fiordos, islas, bosques, estepas y humedales que la conforman constituyen una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y un patrimonio natural no sólo de Chile, sino de la humanidad entera.
Es un sitio de gran biodiversidad, que alberga una gran diversidad de ecosistemas y numerosas especies de plantas y animales, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y anfibios algunos aun desconocidos. Es el último refugio del huemul, ciervo endémico de Chile, y emblema del escudo nacional que se encuentra en peligro de extinción.
Además la Patagonia chilena contiene a numerosas Áreas Silvestres Protegidas, algunas inscritas como Reservas de la Biósfera y gran parte de su territorio se postula hoy para ser declarado como sitio mundial de Patrimonio de la Humanidad frente a la UNESCO. La Patagonia en el imaginario mundial refleja una tierra indómita, salvaje y virgen. La realidad demuestra un inigualable escenario natural maltratado por fracasadas y continuas políticas públicas de colonización y desarrollo. Impulsada desde1900, la colonización en Aysen deja hoy como herencia, la más baja densidad del país: 0.5 habitante por km2 y 3 millones de hás erosionadas. La sustitución del guanaco por ovejas, la intensiva extracción de recursos naturales y el exterminio de sus culturas nativas marcaron también la realidad de la Patagonia chilena.
Durante treinta y cinco años, con timbre fiscal, los contratos de colonización público-privados quemaron millones de hectáreas de bosque nativos con fauna y ecosistemas únicos en el mundo incluidos. Esa orden, permiso y compromiso público de “limpiar y despejar” para poblarla y cultivarla son pasado, presente y futuro en la Patagonia chilena. Hoy día siguen habiendo más ovejas que personas en las XI y XII regiones. El Censo 2002 sumó un total de 250 mil habitantes donde las urbes de Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas, representan el 70 % de esa población.
Los conflictos fronterizos limítrofes y los pactos chileno argentino entre 1899 y 1901, decidieron al Estado chileno concesionar, incluyendo habitantes, tierras de frontera a mar, con cuencas hidrográficas, valles y ríos incluidos a grandes empresas ganaderas para iniciar actividades colonizadoras y silvoagropecuarias. Allí está el origen de la “la Guerra de Chile Chico” donde los “colonos libres” o asentados autónomos, abandonados a su suerte por el Estado chileno, debieron defender violentamente sus intereses y propiedades ante esas gigantescas empresas ganaderas en 1918.
En la historia industrial de la Patagonia sobran incumplimientos a compromisos firmados con el Estado chileno para asentar cientos de familias colonas extranjeras, o dejar, al término de contratos, mejoras regionales. Durante décadas, la casi nula inversión pública chilena, hicieron además mejorar las relaciones humanas entre colonos trasandinos, obviando razones nacionalistas de soberanía y fronteras interiores que todavía marcan la política de ocupación territorial en Aysén.
Las consecuencias de esas decisiones y acciones públicas se ven reflejadas en numerosos problemas que se deben enmendar.
Los glaciares, montañas, ríos, lagos, fiordos, islas, bosques, estepas y humedales que la conforman constituyen una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y un patrimonio natural no sólo de Chile, sino de la humanidad entera.
Es un sitio de gran biodiversidad, que alberga una gran diversidad de ecosistemas y numerosas especies de plantas y animales, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y anfibios algunos aun desconocidos. Es el último refugio del huemul, ciervo endémico de Chile, y emblema del escudo nacional que se encuentra en peligro de extinción.
Además la Patagonia chilena contiene a numerosas Áreas Silvestres Protegidas, algunas inscritas como Reservas de la Biósfera y gran parte de su territorio se postula hoy para ser declarado como sitio mundial de Patrimonio de la Humanidad frente a la UNESCO. La Patagonia en el imaginario mundial refleja una tierra indómita, salvaje y virgen. La realidad demuestra un inigualable escenario natural maltratado por fracasadas y continuas políticas públicas de colonización y desarrollo. Impulsada desde1900, la colonización en Aysen deja hoy como herencia, la más baja densidad del país: 0.5 habitante por km2 y 3 millones de hás erosionadas. La sustitución del guanaco por ovejas, la intensiva extracción de recursos naturales y el exterminio de sus culturas nativas marcaron también la realidad de la Patagonia chilena.
Durante treinta y cinco años, con timbre fiscal, los contratos de colonización público-privados quemaron millones de hectáreas de bosque nativos con fauna y ecosistemas únicos en el mundo incluidos. Esa orden, permiso y compromiso público de “limpiar y despejar” para poblarla y cultivarla son pasado, presente y futuro en la Patagonia chilena. Hoy día siguen habiendo más ovejas que personas en las XI y XII regiones. El Censo 2002 sumó un total de 250 mil habitantes donde las urbes de Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas, representan el 70 % de esa población.
Los conflictos fronterizos limítrofes y los pactos chileno argentino entre 1899 y 1901, decidieron al Estado chileno concesionar, incluyendo habitantes, tierras de frontera a mar, con cuencas hidrográficas, valles y ríos incluidos a grandes empresas ganaderas para iniciar actividades colonizadoras y silvoagropecuarias. Allí está el origen de la “la Guerra de Chile Chico” donde los “colonos libres” o asentados autónomos, abandonados a su suerte por el Estado chileno, debieron defender violentamente sus intereses y propiedades ante esas gigantescas empresas ganaderas en 1918.
En la historia industrial de la Patagonia sobran incumplimientos a compromisos firmados con el Estado chileno para asentar cientos de familias colonas extranjeras, o dejar, al término de contratos, mejoras regionales. Durante décadas, la casi nula inversión pública chilena, hicieron además mejorar las relaciones humanas entre colonos trasandinos, obviando razones nacionalistas de soberanía y fronteras interiores que todavía marcan la política de ocupación territorial en Aysén.
Las consecuencias de esas decisiones y acciones públicas se ven reflejadas en numerosos problemas que se deben enmendar.
EL PROBLEMA
La construcción de un número todavía indeterminado de grandes proyectos hidroeléctricos de embalse en la Patagonia chilena se cierne hoy como una grave amenaza a la integridad ambiental de este valioso territorio y, por lo tanto, es motivo de preocupación a nivel nacional y mundial.
El aporte de las centrales de Aysén no se produciría antes del año 2015, lo que no soluciona la supuesta crisis energética proyectada para finales de esta década, con la que se pretende justificar su construcción. Existen numerosas opciones tecnológicas para enfrentar la mayor demanda eléctrica de Chile, sin tener que destruir la Patagonia chilena. El uso eficiente y las energías renovables, por sí solo podrían satisfacer dicha demanda. Los proyectos existen, únicamente se requiere la visión de futuro y la voluntad política para crear los mecanismos de financiamiento adecuados. Constatamos que por falta de una política energética estratégica, nos estamos ahogando en un vaso de agua.
Con la información que actualmente se cuenta sobre estos ecosistemas, y considerando las políticas públicas e institucionalidad instaladas actualmente en el país, es osado y riesgoso pretender tomar una decisión que implicaría la transformación irreversible de un vasto territorio de alta pristinidad en un lugar lleno de represas y cruzado por enormes tendidos eléctricos. Si estos proyectos fuesen autorizados, en la práctica se estaría permitiendo que el monopolio eléctrico que persigue su implementación por intereses comerciales privados, se apropie gratuitamente de este valioso capital natural de todos los chilenos, y que sepulte, de paso, el sueño de Aysén de ser una región capaz de conservar su calidad ambiental.
En todas las estrategias de desarrollo regional de Aysén y en otros lineamientos públicos relacionados, prevalece con fuerza la idea del producto turístico de alta calidad. En función de ello se han incorporado importantes territorios al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y se han realizado numerosas inversiones privadas en proyectos de pesca recreativa, montañismo, cabañas, hotelería, entre otros, y actualmente se encuentran muchos proyectos de este tipo en estudio y desarrollo, producto de los positivos resultados económicos obtenidos en este rubro.
Los megaproyectos planteados por las hidroeléctricas transgreden claramente las políticas regionales, que por años se han venido diseñando en un dinámico diálogo entre autoridades públicas, la ciudadanía y actores privados, la que ha tenido como eje una visionaria meta: potenciar a Aysén como “Reserva de Vida”.
En términos de política, legislación e institucionalidad ambiental existen temas pendientes, incluyendo la prometida Estrategia Nacional de Cuencas, que recién comienza a diseñarse desde la Conama. Este nuevo instrumento es fundamental para las grandes decisiones ambientales, e indispensable para evaluar, con un enfoque territorial, los alcances de mega intervenciones de cuencas de alto valor ambiental, como aquellas donde se instalarían las represas proyectadas.
Los proyectos de Endesa, constituyen, sin duda, el mayor conflicto ambiental del país a la fecha, y está movilizando en forma creciente a diversos actores locales, regionales, nacionales e internacionales. Tomar una decisión de esta envergadura cuando el sistema institucional ambiental está en proceso de revisión y cambio, es irresponsable. La actuación de los referentes políticos al respecto quedará grabada a fuego en la historia ambiental, social y cultural de nuestro país.
El aporte de las centrales de Aysén no se produciría antes del año 2015, lo que no soluciona la supuesta crisis energética proyectada para finales de esta década, con la que se pretende justificar su construcción. Existen numerosas opciones tecnológicas para enfrentar la mayor demanda eléctrica de Chile, sin tener que destruir la Patagonia chilena. El uso eficiente y las energías renovables, por sí solo podrían satisfacer dicha demanda. Los proyectos existen, únicamente se requiere la visión de futuro y la voluntad política para crear los mecanismos de financiamiento adecuados. Constatamos que por falta de una política energética estratégica, nos estamos ahogando en un vaso de agua.
Con la información que actualmente se cuenta sobre estos ecosistemas, y considerando las políticas públicas e institucionalidad instaladas actualmente en el país, es osado y riesgoso pretender tomar una decisión que implicaría la transformación irreversible de un vasto territorio de alta pristinidad en un lugar lleno de represas y cruzado por enormes tendidos eléctricos. Si estos proyectos fuesen autorizados, en la práctica se estaría permitiendo que el monopolio eléctrico que persigue su implementación por intereses comerciales privados, se apropie gratuitamente de este valioso capital natural de todos los chilenos, y que sepulte, de paso, el sueño de Aysén de ser una región capaz de conservar su calidad ambiental.
En todas las estrategias de desarrollo regional de Aysén y en otros lineamientos públicos relacionados, prevalece con fuerza la idea del producto turístico de alta calidad. En función de ello se han incorporado importantes territorios al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y se han realizado numerosas inversiones privadas en proyectos de pesca recreativa, montañismo, cabañas, hotelería, entre otros, y actualmente se encuentran muchos proyectos de este tipo en estudio y desarrollo, producto de los positivos resultados económicos obtenidos en este rubro.
Los megaproyectos planteados por las hidroeléctricas transgreden claramente las políticas regionales, que por años se han venido diseñando en un dinámico diálogo entre autoridades públicas, la ciudadanía y actores privados, la que ha tenido como eje una visionaria meta: potenciar a Aysén como “Reserva de Vida”.
En términos de política, legislación e institucionalidad ambiental existen temas pendientes, incluyendo la prometida Estrategia Nacional de Cuencas, que recién comienza a diseñarse desde la Conama. Este nuevo instrumento es fundamental para las grandes decisiones ambientales, e indispensable para evaluar, con un enfoque territorial, los alcances de mega intervenciones de cuencas de alto valor ambiental, como aquellas donde se instalarían las represas proyectadas.
Los proyectos de Endesa, constituyen, sin duda, el mayor conflicto ambiental del país a la fecha, y está movilizando en forma creciente a diversos actores locales, regionales, nacionales e internacionales. Tomar una decisión de esta envergadura cuando el sistema institucional ambiental está en proceso de revisión y cambio, es irresponsable. La actuación de los referentes políticos al respecto quedará grabada a fuego en la historia ambiental, social y cultural de nuestro país.
MONOPOLIO Y CONCENTRACION
Entre quienes defienden el modelo de crecimiento económico ad-infinitum, la “crisis energética” se ha transformado en un lugar común para justificar —entre otros— el desarrollo de megacentrales hidroeléctricas en la Patagonia. Se argumenta que el país necesitaría generar una cantidad siempre creciente de megawatts de la manera “más barata posible” para, de este modo, satisfacer la también creciente demanda que implica el crecimiento económico. En pos de tales objetivos, durante la dictadura militar, en plena coherencia con el modelo económico ultra neoliberal impuesto por la Constitución de 1980, se dictó el Código de Aguas de 1981 y la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982. El proceso de privatización del sector eléctrico, determinó la existencia de un modelo de desarrollo energético en donde el Estado de Chile subsidia al sector privado —y dentro de este, de manera privilegiada a las empresas hidroeléctricas— para que desarrollen libremente megaproyectos hidroeléctricos a un bajo costo económico para ellos, pero a un alto costo socioecológico para el país y el planeta.
De autorizarse estos proyectos, la institucionalidad chilena una vez más estaría frustrando la democracia y subsidiando la intervención de las cuencas patagónicas con miras a transformar su energía tanto en activos financieros de las compañías eléctricas, como en factor de producción de un desarrollo económico primario basado en una desmedida explotación de los recursos naturales. Ello, primeramente, mediante un Código de Aguas que amparó la propiedad exclusiva del aprovechamiento de los recursos hídricos, la gratuidad de su uso y una destinación única para el desarrollo de actividades supuestamente productivas, dentro de las cuales destaca especialmente la generación eléctrica; en segundo lugar, mediante una legislación eléctrica que consagra el derecho para que particulares, interesados en desarrollar los proyectos hidroeléctricos, accedan privilegiadamente a concesiones que les permiten ejercer gravámenes y servidumbres en suelo privado y público. A la luz de lo descrito se descubre con alarma cómo tanto el sector público como el privado en Chile han subvalorado el patrimonio natural del país. El sistema ha sido diseñado para dejar las complejas relaciones socioecológicas de las cuencas y ecosistemas fluviales al arbitrio de una elite económica. Ante esto, y los límites que el planeta exige imponer para que el crecimiento no se trasforme en destrucción, surge el desafío de alinear las instituciones jurídicas en general, y en especial las relacionadas con las aguas, la energía y el territorio, bajo patrones de orden que persigan ya no maximizar la riqueza, sino la complejidad, la sinergia y la homeostasis ecosistémica a escala patagónica, chilena y planetaria.
De autorizarse estos proyectos, la institucionalidad chilena una vez más estaría frustrando la democracia y subsidiando la intervención de las cuencas patagónicas con miras a transformar su energía tanto en activos financieros de las compañías eléctricas, como en factor de producción de un desarrollo económico primario basado en una desmedida explotación de los recursos naturales. Ello, primeramente, mediante un Código de Aguas que amparó la propiedad exclusiva del aprovechamiento de los recursos hídricos, la gratuidad de su uso y una destinación única para el desarrollo de actividades supuestamente productivas, dentro de las cuales destaca especialmente la generación eléctrica; en segundo lugar, mediante una legislación eléctrica que consagra el derecho para que particulares, interesados en desarrollar los proyectos hidroeléctricos, accedan privilegiadamente a concesiones que les permiten ejercer gravámenes y servidumbres en suelo privado y público. A la luz de lo descrito se descubre con alarma cómo tanto el sector público como el privado en Chile han subvalorado el patrimonio natural del país. El sistema ha sido diseñado para dejar las complejas relaciones socioecológicas de las cuencas y ecosistemas fluviales al arbitrio de una elite económica. Ante esto, y los límites que el planeta exige imponer para que el crecimiento no se trasforme en destrucción, surge el desafío de alinear las instituciones jurídicas en general, y en especial las relacionadas con las aguas, la energía y el territorio, bajo patrones de orden que persigan ya no maximizar la riqueza, sino la complejidad, la sinergia y la homeostasis ecosistémica a escala patagónica, chilena y planetaria.
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